Extorsionadores en el transporte: La amenaza que se enfrenta a diario

Escrito por Jimena Jesusi

La creciente ola de inseguridad ha convertido al transporte público en un blanco de extorsiones, amenazas y violencia. Las mafias exigen dinero bajo amenazas de muerte, mientras los choferes trabajan con miedo y el Estado no logra frenar esta crisis que afecta a miles de ciudadanos.

La inseguridad en Lima se ha apoderado de un sector clave de la ciudad: el transporte público. Las mafias dedicadas al cobro de cupos han crecido exponencialmente, poniendo en riesgo tanto a los choferes como a los pasajeros. Este fenómeno afecta a miles de trabajadores que, a diario, son extorsionados para poder realizar su labor sin temer por sus vidas. Las bandas criminales, al margen de la ley, cobran altas sumas bajo la amenaza de muerte, con la complicidad de varios sectores de la sociedad. El Estado aún no ha logrado frenar este fenómeno que sigue ganando terreno.

Según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), más del 70% de las empresas de transporte público en Lima y Callao son víctimas de extorsión. Desde el 2024 hasta la fecha, más de 15 choferes han sido asesinados por no cumplir con las exigencias de las mafias. Además, más de 20 conductores han quedado heridos en distintos atentados, lo que refleja el nivel de violencia que se vive en las calles de la ciudad. Los extorsionadores exigen pagos mensuales que van desde los 10 mil hasta los 50 mil soles, dependiendo de la ruta.

Fuente: RPP Noticias.

El caso de la empresa “La 49” es un claro ejemplo de cómo la extorsión afecta al sector. Esta empresa paralizó sus servicios por una semana debido a las constantes amenazas de muerte y daño a las unidades. Los choferes, por miedo, no podían seguir trabajando sin pagar una cuota diaria a las mafias. Las rutas más afectadas son las de las zonas periféricas de Lima, donde los grupos delictivos tienen mayor poder de control. A pesar de las promesas del Gobierno, el panorama sigue siendo desolador para los trabajadores del sector.

El pasado 10 de abril, un paro nacional de transportistas paralizó las principales rutas de Lima y Callao. Más de 460 empresas se sumaron al cese de actividades, lo que dejó a miles de usuarios sin transporte. Los choferes y conductores de buses se quejaron de la falta de respuesta real por parte de las autoridades y exigieron acciones inmediatas. Mientras tanto, las mafias continuaban operando sin ningún tipo de interferencia, lo que generó un sentimiento de frustración entre los gremios de transporte

En el primer trimestre de 2025, las extorsiones aumentaron drásticamente en Perú. Según un informe del Ministerio del Interior. En enero, los casos pasaron de 224 en 2022 a 751 este año, mientras que en febrero y marzo la tendencia continuó en aumento, alcanzando 855 y 921 casos, respectivamente. En total, hasta marzo de 2025, se registraron 28,673 denuncias de extorsión, lo que muestra una escalofriante escalada del crimen. Según el analista Juan Carbajal, este año pod­ría superar los 25,000 casos a nivel nacional, con 11,000 en Lima Metropolitana.

Fuente: Ministerio del Interior y RPP Data.

Durante la manifestación, los transportistas se dirigieron al Congreso para exigir una solución urgente al problema. Entre sus peticiones destacaba la creación de una mesa técnica que trabaje de forma conjunta con el Gobierno para erradicar las mafias. A pesar de los compromisos del Congreso, los transportistas consideran insuficientes las medidas tomadas. En respuesta a estas demandas, las autoridades prometieron mejorar la seguridad, pero muchos creen que estas son solo promesas vacías.

La Policía Nacional ha desplegado agentes encubiertos en buses y estaciones para hacer frente a las mafias. Sin embargo, muchos transportistas consideran que los operativos son esporádicos y no logran erradicar el problema. Los conductores se sienten cada vez más inseguros, ya que los ataques y las amenazas continúan sin cesar. Las mafias, por su parte, se adaptan rápidamente y siguen con su actividad delictiva sin ninguna mayor interferencia. La situación exige una solución integral y sostenida en el tiempo.

El Gobierno, por su parte, ha decretado el estado de emergencia en varias zonas de Lima y Callao, permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar en las tareas de seguridad. Sin embargo, varios expertos en seguridad señalan que esta medida es insuficiente para solucionar el problema de raíz. Las mafias del transporte se han infiltrado en diferentes niveles de la administración pública, lo que dificulta cualquier intento de solución efectiva. La falta de regulación y la corrupción estructural alimentan aún más esta crisis.

Mientras tanto, el sector informal del transporte también enfrenta el flagelo de las extorsiones. Muchos conductores que operan sin la formalización adecuada son igualmente víctimas de cobros ilegales. La falta de control y supervisión por parte de las autoridades facilita la expansión de estos grupos delictivos. Según la Defensoría del Pueblo, más del 40% del transporte público en Lima no está registrado, lo que hace que los choferes y pasajeros estén expuestos a un mayor riesgo. La informalidad del sector contribuye a la inseguridad generalizada. (Defensoría del Pueblo).

La relación entre las mafias del transporte y los sectores políticos también ha sido objeto de investigaciones. Un reportaje reciente reveló que algunas organizaciones delictivas estarían vinculadas a congresistas que actúan como "protectores" a cambio de sobornos. Esta red de corrupción ha permitido que las mafias operen con total impunidad. La desconfianza en las autoridades es cada vez mayor, y la población exige respuestas claras y contundentes frente a esta problemática. La falta de acción genera preocupación y temor en los ciudadanos.

Para contrarrestar esta ola de inseguridad, algunos gremios proponen crear un sistema de denuncias anónimas y fortalecer la colaboración entre la Policía, los transportistas y los ciudadanos. También sugieren mejorar las condiciones laborales de los choferes para que estos no se vean obligados a pagar por seguridad. Sin embargo, la implementación de estas propuestas sigue siendo incierta, ya que las mafias continúan operando con total libertad. Mientras tanto, los ciudadanos siguen enfrentando una situación cada vez más peligrosa.

Uno de los conductores de la empresa de transporte público Etuchisa, brindó su testimonio tras los constantes actos de violencia que vienen afectando a los choferes:

“Salgo a trabajar con miedo todos los días. No sé si regresaré a casa. Ya mataron a varios compañeros por no pagar los cupos que exigen los extorsionadores. Nos amenazan con granadas y disparos. La empresa ha tenido que suspender rutas por seguridad. Vivimos con el temor constante de ser los próximos. Solo queremos trabajar en paz y que las autoridades nos protejan.”

Pese a las promesas del Gobierno, la situación continúa empeorando. La presidenta Dina Boluarte ha declarado que el Ejecutivo está tomando medidas para enfrentar la crisis de inseguridad en el transporte. Sin embargo, la población sigue pidiendo respuestas concretas. Las promesas de patrullajes más efectivos y la intervención de las Fuerzas Armadas no han logrado detener el avance de las mafias. El Ejecutivo asegura que está trabajando en una "estrategia integral" para erradicar este problema, pero la percepción generalizada es que estas medidas son insuficientes y tardías.

En respuesta a la crisis, el Congreso ha aprobado una serie de medidas que supuestamente buscan dar un respiro a los transportistas. Sin embargo, muchos conductores creen que estos esfuerzos son más una estrategia política que una solución real. Las promesas de mayor seguridad en el transporte público siguen sin cumplirse, y las mafias continúan operando impunemente en diversas zonas de Lima. Los transportistas se sienten abandonados tanto por el Gobierno como por el Congreso, que no parecen dispuestos a abordar el problema de forma efectiva.

Mientras tanto, el sector privado también se ve afectado por la falta de seguridad en las calles. Las empresas de transporte continúan reportando pérdidas económicas debido al incremento de extorsiones y ataques a sus unidades. La incertidumbre sobre la futura regulación del sector y la falta de confianza en las autoridades mantiene a los inversionistas alejados, lo que podría agravar aún más la situación. Las medidas que se implementen en el futuro deben ser efectivas y garantizar la seguridad de todos los involucrados en el transporte público.

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